Arranca la segunda edición de las jornadas formativas en IA y protección de datos
Más de 200 profesionales del sector público asistirán los días 4, 6 y 11 de noviembre a las jornadas formativas en inteligencia artificial y protección de papás organizadas por la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) y la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC) organizan la segunda edición de las jornadas formativas en inteligencia artificial (IA) y protección de datos para el personal del sector público de la Generalitat de Catalunya y de la Administración local.
La formación se ofrece de nuevo este martes 4, jueves 6 y martes 11 de noviembre, a raíz del éxito de la primera edición, que tuvo lugar el pasado junio, con más de 200 trabajadores asistentes. Para llegar al máximo número de personas, las sesiones pueden seguirse en directo mediante el canal de Youtube de la EAPC (sesión día 4, sesión día 6, sesión día 11).
En la bienvenida a las cerca de 200 personas participantes en esta edición, la directora de la APDCAT, Meritxell Borràs i Solé, ha aprovechado su intervención para poner de relieve el compromiso de la Autoridad con el desarrollo de sistemas de IA respetuosos con los derechos fundamentales y la protección de datos.
Borràs recordó que la APDCAT ha sido designada como autoridad de protección de los derechos fundamentales de acuerdo con el Reglamento de inteligencia artificial. En este marco, y para dar respuesta a los nuevos retos, la directora ha puesto en valor que la Autoridad ha impulsado la elaboración del Modelo FRIA catalán por una IA confiable. Se trata de una metodología pionera para realizar evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales en el uso de IA, a partir del análisis de varios casos de uso.
En este sentido, ha animado a los asistentes a colaborar con la Autoridad porque el trabajo continúa con nuevos casos de uso que pongan a prueba el modelo, así como para encarar el reto de cohesionar en una única metodología las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales y las evaluaciones de impacto en protección de datos.
