Las denuncias y reclamaciones por incumplimientos en el ámbito de la privacidad aumentan un 123% desde 2022

La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha registrado en 2025 1.374 denuncias y reclamaciones por incumplimiento de la protección de datos en organismos públicos y privados que hacen función pública, un 21 por ciento más que en 2024, y ha impuesto 126 sanciones, entre declaraciones de infracciones y multas.
Imatge de recurs

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha registrado 1.374 denuncias y reclamaciones en 2025, un 21% más que en 2024. Las cifras muestran que la tendencia al alza de los últimos años se mantiene, y desde 2022 el incremento ha sido del 123%. Se trata de denuncias y reclamaciones relacionadas con vulneraciones de la normativa de protección de datos en entidades incluidas en el ámbito competencial de la APDCAT. Este incremento refleja que la ciudadanía es más consciente de aspectos relativos a la protección de sus datos y, también, conoce mejor sus derechos en esta materia. Todo esto, fruto de las campañas de difusión llevadas a cabo y también por la labor que desarrolla la APDCAT en particular.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha registrado en 2025 1.374 denuncias y reclamaciones por incumplimiento de la protección de datos en organismos públicos y privados que hacen función pública, un 21 por ciento más que en 2024, y ha impuesto 126 sanciones, entre declaraciones de infracciones y multas.

El total de asuntos que ha investigado e instruido la APDCAT durante el año 2025 ha sido de 837 (471 denuncias y 366 reclamaciones de tutela de derechos), excluidos los que se han trasladado a la Agencia Española de Protección de Datos por ser competente. Esto supone un 31% más que en 2024. En concreto, el número de denuncias que la APDCAT ha investigado este 2025 (471), representan un 16% más que el año anterior, y un 144% más respecto al 2022. Mientras que el número de reclamaciones de tutela de derechos que se han tramitado en 2022, un 197%.

En cuanto al número de procedimientos sancionadores incoados, en 2025 alcanza los 138, 23 más que el año anterior. Igualmente, destaca el aumento en el número de resoluciones que han puesto fin a procedimientos sancionadores, que han sido 126 en el año 2025, frente a las 112 del año 2024. De las 126 resoluciones, en 110 se concluyó que se había cometido al menos una infracción tipificada en la normativa de protección o la caducidad.

De estas 126 resoluciones, 110 corresponden a tratamientos efectuados por entidades públicas, en las que no se impone una sanción económica, sino una declaración de la infracción, de acuerdo con la normativa vigente. En estos procedimientos, además de la declaración de infracción, en algunos casos se requieren medidas para corregir los efectos de la infracción (art. 21.2 Ley 32/2010)

Las 12 resoluciones sancionadoras restantes se refieren a tratamientos efectuados por entidades de titularidad privada y en todos los casos comportaron sanciones económicas, así como medidas correctoras, en caso necesario.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha registrado en 2025 1.374 denuncias y reclamaciones por incumplimiento de la protección de datos en organismos públicos y privados que hacen función pública, un 21 por ciento más que en 2024, y ha impuesto 126 sanciones, entre declaraciones de infracciones y multas.

Multas por valor de más de 409.000 euros

La cuantía total de las multas impuestas asciende a 409.352 euros en 2025. En el momento de redactar la memoria de la APDCAT, 10 de las 12 entidades sancionadas han pagado la sanción económica impuesta.

En el momento de redactar la memoria, 3 entidades sancionadas han interpuesto un recurso contencioso administrativo.

La mayoría de los procedimientos sancionadores resueltos en 2025 en los que se determina que se ha cometido al menos una infracción lo son contra ayuntamientos y entidades vinculadas. Le siguen los procedimientos sancionadores resueltos en contra de la Administración de la Generalitat y sus entidades vinculadas, entidades de derecho privado, consorcios, universidades, corporaciones de derecho público, y diputaciones. Destacan los ámbitos recursos humanos, el ejercicio de sus competencias administrativas, salud, internet/ redes sociales, enseñanza, y la prestación de servicios a la ciudadanía, entre otros.

Última actualización: 30.03.2026